El Espino no cayó solo

Antes de la primera retroexcavadora, llegó el silencio.

No el silencio natural de un bosque al amanecer, donde hasta los pájaros parecen respetar el pacto antiguo de los árboles. No. El otro silencio: el institucional. El que evita responder preguntas. El que aplaza estudios. El que desaparece conferencias. El que convierte una obra pública en un rumor nocturno.

En una ciudad donde ya casi todo se construye sobre lo último que queda vivo, el anuncio de un nuevo CIFCO en el bosque El Espino no comenzó como comienzan los grandes proyectos modernos: con maquetas, debates públicos y estudios transparentes. Comenzó más bien como empiezan las historias que terminan mal en El Salvador: con maquinaria entrando de madrugada y ciudadanos enterándose por videos grabados desde carros detenidos en la oscuridad.

El Espino no es únicamente una extensión de árboles entre colonias de clase media alta y carreteras congestionadas. Es uno de los últimos pulmones urbanos del Área Metropolitana de San Salvador. Un ecosistema que sobrevive como puede entre residenciales, centros comerciales y el apetito inmobiliario permanente que durante décadas ha tratado al bosque como un estorbo temporal antes del concreto definitivo.

Por eso la indignación no nació solamente de ambientalistas. Nació también de personas comunes que quizá nunca habían abrazado un árbol, pero que entendieron algo elemental: cuando una ciudad destruye sus últimos espacios verdes, tarde o temprano comienza a destruirse a sí misma.

La falta de transparencia terminó convirtiéndose en gasolina política.

Porque si el proyecto era tan beneficioso como se decía, ¿por qué evitar una consulta ciudadana? ¿Por qué no presentar públicamente los estudios de impacto ambiental? ¿Por qué las respuestas oficiales parecían redactadas con la misma técnica de quien evade una llamada incómoda?

En democracia, el vacío de información rara vez permanece vacío. La ciudadanía lo llena con sospechas.

Y las sospechas crecieron cuando comenzaron las denuncias sobre tala de árboles realizada en horarios nocturnos, casi clandestinos, como si incluso quienes ejecutaban la obra comprendieran el costo simbólico de hacerlo bajo la luz del día. Porque talar árboles de noche tiene algo cinematográficamente perturbador: parece menos una construcción estatal y más una escena de crimen ambiental.

Entonces ocurrió algo inusual en un país donde muchas veces la indignación dura menos que una tendencia en redes sociales: más de 300 mil firmas fueron recolectadas exigiendo detener el proyecto.

Trescientas mil.

Es una cifra demasiado grande para fingir que no existe.

Y sin embargo, el silencio oficial continuó.

La ausencia de respuesta puede generar algo más peligroso que una protesta: erosiona la confianza pública. Cuando la ciudadanía siente que participar no cambia nada, comienza a concluir que las decisiones ya estaban tomadas desde antes de escucharla. Y esa percepción, aunque el gobierno no lo admita, tiene consecuencias políticas profundas.

Porque el conflicto del Espino dejó de tratarse únicamente de árboles. Ahora también habla de modelo de país.

Habla de una administración pública que promueve modernidad mientras reduce espacios de deliberación. Habla de un desarrollo urbano que parece medir el progreso únicamente en metros cuadrados construidos. Habla de una ciudad que cada invierno colapsa por inundaciones y derrumbes, pero que aun así insiste en eliminar áreas naturales que absorben agua, regulan temperatura y estabilizan suelos.

La paradoja salvadoreña es casi absurda: destruir bosques mientras el cambio climático ya golpea las puertas con tormentas más violentas, calor más extremo y crisis hídricas cada vez menos futuristas.

Las consecuencias ambientales pueden sentirse mucho después de la inauguración oficial del edificio. La pérdida de cobertura forestal en El Espino podría alterar la recarga hídrica de la zona, aumentar las temperaturas urbanas y agravar riesgos de inundaciones o deslizamientos. En ciudades densamente urbanizadas, los árboles no son decoración ecológica; funcionan como infraestructura natural.

Pero quizá la consecuencia más difícil de medir sea la emocional.

Las ciudades también necesitan lugares que recuerden que todavía existe algo fuera del cemento y la publicidad luminosa. El Espino era uno de esos pocos espacios donde San Salvador podía fingir, aunque fuera por un momento, que aún respiraba.

Por eso muchas personas sintieron que no solo estaban talando árboles. Sentían que estaban desmontando una idea de futuro.

Y en política, las percepciones importan tanto como las obras.

La ciudadanía crítica podría presumir varias cosas frente a la opacidad: que los estudios ambientales no favorecen al proyecto, que hubo temor al rechazo social, o que existe una lógica gubernamental donde la rapidez de ejecución vale más que la legitimidad del proceso. El problema para cualquier gobierno es que, cuando no comunica, otros narran por él.

Y las narrativas ya comenzaron.

La del progreso contra ambientalistas “enemigos del desarrollo”.

La de ciudadanos defendiendo el último bosque urbano frente a un Estado sordo.

La de una obra moderna construida con métodos viejos: poca transparencia y cero diálogo.

Quizá el impacto político inmediato no sea una crisis monumental. Pero los símbolos tienen memoria larga. Y El Espino podría convertirse en una referencia futura cada vez que el gobierno hable de sostenibilidad, participación ciudadana o protección ambiental.

Porque hay decisiones que trascienden el concreto.

Y hay talas que no solo derriban árboles: también derriban confianza.

Mientras tanto, en algún punto del bosque donde antes se escuchaban pájaros, ahora suenan motosierras. Y San Salvador vuelve a hacerse la misma pregunta que lleva décadas evitando:

¿Hasta cuándo seguiremos confundiendo desarrollo con destruir lo poco que todavía permanece vivo?